Seis millones de euros para municipios de 1.501 a 5.000 habitantes en Andalucía

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, anunciaba el pasado viernes en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz que el Consejo de Gobierno de la próxima semana aprobará un paquete de ayudas de seis millones de euros para municipios de 1.501 a 5.000 habitantes destinado a hacer frente a gastos ocasionados por la crisis sanitaria.

Se beneficiarán de esta medida 240 localidades y siete entidades locales autónomas (ELA). Esta línea de subvención se suma a la otorgada hace dos semanas para municipios de hasta 1.500 habitantes por valor de cuatro millones de euros. Por tanto, la Dirección General de Administración Local ha impulsado ayudas por una cuantía de 10 millones de euros que benefician a 527 municipios y 35 entidades locales, 562 de las 820 localidades existentes de Andalucía, un 68,64% del total.

Marín comparecía ante la Diputación Permanente para solicitar la convalidación del Decreto ley 9/2020 que aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en su sesión del pasado 15 de abril, que recoge diferentes medidas en el ámbito económico y social como consecuencias del coronavirus.

Para Marín, "la ayuda a autónomos nace a partir de fondos propios de la Junta con el objetivo de dar respuesta a las circunstancias económicas excepcionales que están dañado a estos trabajadores, que han visto reducidos de forma drástica sus ingresos y tienen que seguir haciendo frente a todos los gastos que genera su actividad".

La medida cuenta con 50 millones de euros de presupuesto y tiene previsto llegar a más de 160.000 autónomos (entre los que se incluyen 38.000 mutualistas) que recibirán un pago de 300 euros en un único pago.

Desde el pasado 17 abril se empezaron a recibir las solicitudes, registrándose hasta el viernes, 24 de abril, 47.919. El plazo de finalización para recurrir a esta ayuda finalizará 15 días después de que se dé por finalizado el estado de alarma o hasta que se haya agotado la consignación presupuestaria.

Para ser beneficiario es necesario ser trabajador por cuenta propia o autónomo con domicilio fiscal en Andalucía, y estar afiliado al Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en la mutualidad correspondiente, en la fecha de la entrada en vigor del estado de alarma.

Esto significa que además, se incluye a los mutualistas, también trabajadores autónomos, y que sin embargo; han quedado excluidos de las ayudas del Gobierno. La tramitación de la ayuda es telemática de forma obligatoria, facilitándola y haciéndola "más ágil y rápida".

El decreto ley también incluye un programa de colaboración financiera específica extraordinaria con los municipios de las provincias de Almería y Huelva en cuyos territorios existen asentamientos chabolistas de personas inmigrantes. "En este momento es necesario aunar todos los esfuerzos posibles para prevenir la propagación del virus entre las personas que se encuentran en una situación compleja en lo que respecta a las condiciones de habitabilidad y salubridad".

El programa está dotado con casi 2,3 millones de euros. Las ayudas se van a articular a través de transferencias condicionadas, y que previamente habían sido consensuadas con los municipios. En concreto, afecta a las localidades de Níjar, Vícar, El Ejido, Roquetas de Mar, Antas y Cuevas de Almanzora (Almería) y Moguer, Palos de la Frontera, Huelva, Lucena del Puerto y Lepe (Huelva).

Podrán financiar aquellas actuaciones realizadas desde el 14 de marzo de 2020 o las que se realicen en adelante, como consecuencia de la crisis sanitaria, y que no utilicen sus propios recursos económicos.

Se incluyen conceptos como distribución de agua potable, limpieza y recogida de basuras, adquisición y distribución de material de higiene y sanitario, entre muchos otros. Al igual, se contempla la posibilidad de que los municipios contraten con terceros y cuenten con las organizaciones no gubernamentales que se encuentran de forma más directa con este colectivo.

Igualmente, la norma incluye medidas dirigidas a personas con discapacidad y movilidad reducida. En esta línea se recoge la prórroga de la validez de las resoluciones y certificados de reconocimiento de grado de discapacidad. También se ha prolongado la validez de las tarjetas de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.

Además, ante la necesidad de arbitrar medidas ágiles y coordinadas entre los distintos proveedores en el ámbito de los servicios sociales, se ha modificado el acceso a los distintos sistemas de información, de manera que se haga de forma unificada e integrada, mediante la articulación de las redes y dispositivos informáticos y telemáticos necesarios para el volcado permanente de los datos que facilite un tratamiento institucional y profesional oportuno.

De esta forma, la historia social única electrónica de Andalucía pasa a denominarse 'Cohessiona', optimizando los recursos públicos. Por último, el decreto ley plantea medidas económicas dirigidas al sector portuario para que pueda rebrotar su actividad una vez finalice el estado de alama.